El objetivo de la nueva normativa, que modifica a su vez tres leyes (la de arrendamientos urbanos, la de enjuiciamiento civil y la de la propiedad horizontal), es simplificar y agilizar los trámites judiciales al propietario de una vivienda en alquiler con habitantes morosos.

Entre los cambios que incluye destacan, por ejemplo, que se reduce de dos a un mes el período para que el arrendador presente una demanda tras requerir el pago de las mensualidades atrasadas. Asimismo, el inquilino podrá evitar ir a juicio si abona las deudas en ese plazo.

Asimismo, tras la sentencia judicial correspondiente, el desahucio se realizará en un plazo «no superior a 15 días y sin ulteriores trámites», en el caso de que el arrendatario no haya cumplido con el plazo pactado para el abandono voluntario de la vivienda. En este sentido, el propietario también podrá condonar toda o parte de la deuda si el inquilino abandona la vivienda voluntariamente en el plazo que el primero marque, que no podrá ser inferior a 15 días.

Rescisión para uso propio.

Otra de las novedades de la nueva normativa es la ampliación de los supuestos en los que el propietario no está obligado a la prórroga del contrato de alquiler, que actualmente tiene cinco años de duración.

Así y siempre que figure en el documento, el arrendador puede rescindirlo si precisa disponer del piso para uso propio o de familiares directos, en los que se incluyen a padres, hijos o ex cónyuge, en caso de sentencia firme de divorcio o nulidad.

El propietario dispondrá de tres meses para ocupar la vivienda, ya que en caso contrario estará obligado a reponérsela nuevamente al inquilino, así como a indemnizarle por los gastos del desalojo.

Pese a la defensa que la ministra Corredor hizo de la nueva normativa, no todos los grupos la acogieron del mismo modo, ya que cosechó las críticas de los dos extremos del arco parlamentario: PP y ERC-IU-ICV.

Mientras que PSOE, CiU y PNV defendieron su utilidad para eliminar los problemas que retraen el alquiler, el PP sostuvo que «no servirá para nada», dado el colapso judicial.

Ésta es una de las medidas que han presentado hoy en rueda de prensa el coordinador general de IU, Cayo Lara, y el responsable de Economía y Trabajo de la formación, José Antonio García Rubio.

IU recuerda en su plan que hay cuatro millones de viviendas vacías en España, y una cuarta parte de ellas no han sido nunca vendidas a un primer comprador real.

Por eso, una de sus primeras propuestas es que el Estado adquiera anualmente un paquete de estas viviendas -recomienda que en 2009 sean cien mil- "en cantidad proporcional a la demanda de viviendas protegidas en cada municipio".

Se comprarían estos pisos, explica IU, mediante subastas a la baja, estableciendo como límite máximo el precio medio de coste en la zona donde están situadas las viviendas, o mediante el derecho de "tanteo y retracto" en las viviendas que hayan adquirido en subasta pública los bancos o sus sociedades inmobiliarias.

Estos pisos se destinarán prioritariamente al alquiler "tasado" -nunca superior al 30 por ciento de los ingresos de la unidad familiar- dando preferencia a los propietarios embargados.

Otra de las propuestas es que las CCAA se subroguen en el pago de los intereses de los créditos hipotecarios de los trabajadores en paro cuyos ingresos familiares no superen la cantidad de 3,5 veces el IPREM (Indicador Público de Efectos de Renta Múltiple), de 22.144 euros anuales.

Las comunidades autónomas, además, podrán acordar ayudas al pago del alquiler de los trabajadores en paro sometidos a un procedimiento de desahucio, si sus ingresos familiares no superan 2.5 veces el IPREM.

Finalmente, IU propone que en el Plan de Vivienda 2009-2012 se apoye la autoconstrucción de 20.000 viviendas con una subvención a fondo perdido de 2.000 millones.

Así, según fotocasa.es, la vivienda tipo de alquiler más buscada en España, que es un piso de 60 metros cuadrados, se alquilaría por 539 euros al mes.

El precio del alquiler al cierre de 2008 fue el más bajo desde diciembre de 2006, fecha desde la que el portal inmobiliario elabora este informe.

Desde esa fecha, el valor máximo del alquiler se registró en mayo de 2007, con 10,12 euros por metro cuadrado al mes, y desde entonces la caída acumulada ha sido del 11,3 por ciento, añade el estudio.

Durante 2008 hubo descensos continuos en el precio medio de la vivienda en alquiler desde marzo de ese año, cuando el metro cuadrado mensual se pagaba a 9,61 euros.

En 2008 hubo seis comunidades autónomas donde aumentó la tasa interanual de los precios de la vivienda en alquiler y nueve donde disminuyó, teniendo en cuenta que La Rioja y Navarra no disponen de datos suficientes para entrar en el análisis estadístico, señala fotocasa.es.

Galicia fue donde más subió el precio en un año, con un aumento del 7,6 por ciento, seguida de Cantabria, el 5,8 por ciento; el País Vasco, el 5,6 por ciento; Extremadura, el 3,8 por ciento; Asturias, el 1,4 por ciento y Canarias, el 0,6 por ciento.

Por el contrario, la Comunidad Valenciana y Cataluña encabezaron las mayores caídas, el 8,8 por ciento y el 8 por ciento, respectivamente.

Les siguieron Castilla La Mancha, donde el precio medio se redujo un 6,3 por ciento; Madrid, el 4,4 por ciento; Aragón, el 4,2 por ciento; Baleares, el 2,5 por ciento; Andalucía el 2,4 por ciento; Murcia, el 1,7 por ciento y Castilla y León, el 0,8 por ciento.

Según el estudio, el municipio que registró el mayor descenso de precios en 2008 fue Vilanova i la Geltrú (Barcelona) con una bajada del 16,8 por ciento y el que tuvo la mayor subida fue El Puerto de Santa María (Cádiz) con un incremento del 17,2 por ciento.

El proyecto comprendería 150 viviendas de promoción municipal en régimen de alquiler en una zona de la localidad vallesana, entre las calles Arnau de Vilanova, Josep Trueta, Guadalajara y Asturias. La comunidad residencial se convertiría en el primer proyecto de ciudad cero emisiones, capaz de autoabastecer sus necesidades energéticas mediante una combinación de ahorro y eficiencia energética y la generación de energías limpias.

El convenio –firmado por Lluís Recoder, alcalde de Sant Cugat; Carmen Becerril, directiva de Acciona; y Vicente Guallart, director del Instituto de Arquitectura Avanzada– prevé que la promotora, la constructora y el instituto desarrollen, en los próximos tres meses, el estudio técnico del proyecto. Posteriormente, Promusa decidirá su viabilidad económica. En caso de que la promotora lo apruebe, se redactará el proyecto y se celebrará un concurso público para adjudicar su ejecución.

Se estima que la reducción en el consumo energético que se podría alcanzar oscilaría entre el 30% y el 50%. El proyecto contempla nutrirse de biomasa de zonas próximas, lo que le confiere un alto grado de autoabastecimiento. Está prevista la colaboración en sistemas de domótica avanzada del MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts), que considera la localidad de Sant Cugat como uno de sus municipios antena, en los que desarrollar programas piloto de sus proyectos.

Apenas en octubre pasado, el FMI había pronosticado una contracción del PIB del 0.7%, un mal dato que ayer aumentó hasta el 1%. El informe aplaude la rápida reacción de las autoridades españolas y saluda el buen estado de la banca «gracias a una regulación prudente, una supervisión sensata y a la fuerte tradición del modelo de banca comercial», en lugar de la de inversión que ha precipitado la crisis económica en Estados Unidos.

Con todo, el FMI advierte de que si el gobierno español no emprende una serie de reformas estructurales pensadas para el medio y largo plazo se encontrará con un alto desempleo y una larga ralentización económica «de la que será difícil volver a reducir el déficit público», sentencia.

El organismo multinacional advierte que el ajuste del mercado inmobiliario «llevará tiempo», y aunque los permisos de construcción y las nuevas viviendas han caído rápidamente, «seguirán llegando viviendas al mercado, lo que aumentará la presión en (la caída de) los precios».

Ésta es la razón por la que recomienda al Gobierno reactivar el mercado de alquileres para absorber las casas vacantes, facilitar la movilidad laboral y permitir que las familias que más sufran la crisis puedan encontrar viviendas a precio asequible.

«Los períodos iniciales para alquilar, que actualmente están en cinco años, deben ser liberalizados», sugiere. «Las mejoras de las regulación que están planeadas para agilizar las disputas de alquileres inmobiliarios son esenciales». En definitiva, incentivar a que los propietarios pongan sus viviendas en alquiler, pero no mediante medidas punitivas sino eliminando el miedo a verse atrapados a largo plazo con un inquilino no deseado.

Embargos.

Con una tasa de paro que se prevé entre las más altas de Europa para el año que viene y el aumento rampante de los embargos, el FMI sugiere proporcionar ayuda gubernamental a los nuevos parados para que puedan reducir a la mitad el pago de sus hipotecas durante dos años, permitiéndoles así afrontar los pagos y seguir en sus hogares.

Lo que no ve con buenos ojos es la política de construcción de viviendas de protección oficial, que a su juicio sólo sirven para engordar y distorsionar el inventario inmobiliario, además de que «no siempre acaban en las manos para los que estaban pensadas», sostiene. «Es preferible asistir con los alquileres y proporcionar subsidios para la propiedad», recomienda.

En su línea tradicional, culpa a «los altos costos laborales» de la mayor inflación española en comparación a otros países europeos, por lo que recomienda moderación salarial y liberalización del sector.

La crisis económica pone a prueba el ingenio y la capacidad de asunción de riesgos de muchas empresas inmobiliarias, que tratan desesperadamente de revitalizar el deprimido mercado residencial español a través de insólitas iniciativas comerciales.

Una de estas iniciativas fue promovida ayer por Fincas Corral, la firma de intermediación inmobiliaria adquirida el pasado verano por el empresario Josep Xicola. La compañía anunció, en el salón inmobiliario Barcelona Meeting Point, su intención de poner en alquiler todo el patrimonio inmobiliario particular de Josep Xicola, consistente en 16.000 viviendas repartidas por toda la geografía española.

Hasta aquí, nada anormal. Lo que convierte en sorprendente esta estrategia comercial son sus condiciones. Los interesados podrán acceder a estas viviendas en arrendamiento “sin necesidad de presentar garantías, ni depósitos ni avales y con dos meses de alquiler gratuitos. Bastará con presentar una nómina y se formalizará el contrato de alquiler sin más requisitos”, explicó la compañía.

Xicola añadió que el precio de los alquileres “variará en función de las necesidades y capacidades de cada cliente, incluso en una misma promoción”.

La comercialización de estas viviendas se realizará a través de las oficinas de Fincas Corral en España. “Se estudiarán los ingresos y las condiciones personales de los interesados, atendiendo a sus cargas familiares en particular. Analizado el caso, se le propondrá al cliente una vivienda en una zona determinada de acuerdo con sus circunstancias particulares”, señala Xicola.

El empresario calificó este plan de “labor social” pero sin riesgos. “Contamos con la nómina de los clientes como garantía de que pueden pagar las cuotas de alquiler, y nosotros empezamos a recibir el dinero a partir del tercer mes de arrendamiento. Tal y como está el mercado inmobiliario, será un buen negocio”, indica.